Prácticamente desde los inicios, la profesión de Detective Privado viene sufriendo de graves casos de intrusismo profesional, pese a que su ejercicio está regulado en la Ley de Seguridad Privada. Esta regulación ha tenido siempre como finalidad el evitar que personas sin la formación ni la autorización pertinente realicen trabajos que, según la legislación, solo pueden llevar a cabo los detectives privados homologados. El problema es que la regulación no ha tenido el efecto deseado y los casos de intrusismo, en lugar de desaparecer, se están extendiendo exponencialmente.
En 2014, con la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, se establecieron las bases para eliminar el intrusismo y se estipularon diferentes sanciones tanto para los usuarios que contrataran servicios de investigación privada a personas que no estuviesen legalmente habilitadas, como para aquellas personas que ejerciesen las funciones propias del detective privado sin la habilitación del Ministerio del Interior. Aunque las infracciones establecidas tienen consideración de muy graves, el problema es la baja aplicación de estas sanciones. Es necesario que la permisividad del intrusismo sea inexistente para que sean efectivas las normas establecidas.
En varias ocasiones hemos comentado que para ejercer como detective privado es necesario estar habilitado por el Ministerio del Interior. Por tanto, además de contar con la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), para ejercer, los detectives privados deben estar inscritos en el RNSP como despacho de detectives o ser detectives dependientes o asociados a un despacho habilitado.
El intrusismo, entendido como el ejercicio de actividades profesionales por personas no autorizadas para ello, puede llegar a constituir un delito según el código penal. Además de las consecuencias económicas que el intrusismo tiene para los profesionales de la investigación privada, también conlleva consecuencias para los ciudadanos y para la justicia. Las prácticas ilegales de los intrusos llevan a desprestigiar la profesión y que los ciudadanos las confundan con los profesionales de la investigación. En cuanto a la justicia, teniendo en cuenta que muchas resoluciones están basadas en informes elaborados por detectives privados, el intrusismo puede perjudicar tanto a las sentencias dictadas por los jueces como a los clientes que han encargado investigaciones a intrusos.
Por todo ello y en beneficio de la profesión, desde Detectives Cabanach nos sumamos a las peticiones realizadas por otros despachos de detectives debidamente homologados y a las de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España (ANADPE), para que se modifiquen las normativas necesarias para regular la obtención del TIP y para que juzgados y tribunales no acepten informes presentados por investigadores que no estén inscritos en el RNSP.
