Lo que ha ocurrido en el municipio de Villalonga (Valencia), ha sido toda una trama de desavenencias, detectives y crispación política.
Según ha relatado el diario Las Provincias, Joaquín Soto, funcionario, ha sido suspendido de su cargo y sueldo durante un periodo de tres años, tras ‘cazarle’ realizando trabajos incompatibles con su baja laboral, por ansiedad y depresión.
Detrás de la ‘pillada’ está la figura del alcalde del municipio, Enric Llorca, que se puso manos a la obra cuando fue alertado por varios vecinos de que Soto estaba realizando labores de albañilería durante la baja.
Llorca contrató a un detective privado (cuyo coste medio ronda los 3.000 euros) con lo que pudo asegurarse de que efectivamente Soto estaba realizando trabajos de construcción utilizando además material municipal y proceder a dar la estocada maestra. Llorca abrió el expediente que ha costado a Soto el cese por 3 años de empleo y sueldo.
Aunque Soto se ha escudado en el informe de su psicóloga, donde ha argumentado que las labores que realizaba eran recomendaciones para distraerse y en que no cobró por tales trabajos. “Estuve en una propiedad familiar distrayéndome y no cobré jamás nada de nadie” ha argumentado.
No obstante, el alcalde ha decidido no aceptar sus argumentos, y ha señalado en el expediente que “Vertió escombros y material de obra en una parcela de uso municipal” porque Soto tenía la llave del vertedero, en palabras de Llorca.
Fuente de la noticia: Navarra.com
