Parece que en Suiza van por delante (una vez más) al resto de Europa. Recientemente se ha puesto en marcha una medida que permite a las aseguradoras, tanto públicas como privadas, contratar a detectives para investigar posibles fraudes sin autorización judicial.
El país transalpino ha detectado que se producían fraudes por ejemplo a la hora de cobrar el seguro de desempleo. Pongamos un ejemplo, un español que ha cotizado en Suiza y que se ha quedado en paro, decide volver a España, por lo que se apunta en las oficinas de empleo de Suiza para cobrar el 70% del sueldo que cobraba anteriormente (de media 70.000 – 80.000 euros al año). Es indiscutible que con ese dinero puede vivir más que bien en nuestro país, por lo que lo único que tiene que hacer es asistir a cierto número de entrevistas de trabajo en Suiza y asegurarse que estas no le contraten, de este modo seguidrá cobrando el desempleo.
Con lo que no cuenta el defraudador es que Suiza ha incorporado a su «staff» detectives privados que pueden estar obteniendo pruebas para demostrar el fraude y, de este modo, cancelar el pago de su prestación.
Esta medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, y fue aprobada en un referéndum en noviembre de 2018. Permite a cualquier aseguradora, pública o privada — desde la salud al desempleo, pasando por las pensiones, la invalidez o los accidentes —, usar los servicios de detectives privados si sospechan de que un asegurado les está defraudando.